En un proceso esperado frente a los avances del gobierno en políticas macro económicas de redistribución de la riqueza, finalmente salto la liebre en el campo.
La reacción gorila y antipopular reunificó a las dirigencias de las organizaciones de propietarios rurales, los voceros de la economía liberal y los grandes medios que se pintaron la cara para desatar un ataque frontal y sin límites discursivos ni de acción agresiva.
En una movilización de 4 x 4 y tractores con gas oil subsidiado, apoyados por las cadenas empresarias de TV y radios, salieron a declarar la guerra al gobierno de Cristina Fernandez, paradójicamente los mayores beneficiados por la devaluación del peso de 3 a 1, con la que fuimos ajustados a la baja todos los argentinos que trabajamos y consumimos. Más de 120 mil millones de dólares son capitales argentinos en el exterior, diez mil se extrajeron en estos últimos años.
Los trabajadores sabemos que las retenciones a las exportaciones constituyen la medida de equilibrio de capitalización pública y precios que sólo pueden ser administrados por el interés general del público y no por la voracidad sin límites de un sector minoritario de la sociedad.
Sector que explota la tierra históricamente usurpada, inicialmente a los pueblos originarios por medio del primer genocidio en la Argentina al comando del Gral. Roca.
Luego sus ganancias fueron obtenidas con la sangre de los trabajadores rurales libertarios masacrados en los episodios de la Patagonia Rebelde.
Ya a mediados de siglo fueron el motor de la Revolución Fusiladora contra el gobierno popular de Perón que había establecido los mecanismos de verdadera comercialización nacional y pública con redistribución de los beneficios.
Sus intereses avalados por la política de alianzas históricas con capitales multinacionales y los intereses de Estados Unidos y Europa se consolidaron con su Ministro de Economía, Martinez de Hoz, verdadero conductor político y económico de la Dictadura de Videla y Massera.
Por ese segundo genocidio de nuestra historia los apropiadores de la tierra tuvieron piedra libre y ya de la mano del Indultador Menem, concentraron su poder estableciendo los canales de extracción de riquezas y cadenas agroindustriales de la actualidad que le juntan la cabeza y someten a los campesinos y pequeños productores poniendo en jaque permanente a la sociedad.
A partir de entonces Todos estamos en libertad condicional y extorsión alimentaria. Carnes, lácteos, hortalizas y hasta los mismos montes forestales son controlados y manipulados por un grupo de empresas que hoy lideran la ofensiva del “campo”.
Otra vez en la historia pretenden pesar los intereses de empresarios y propietarios individuales por sobre las políticas nacionales y el interés del conjunto de la comunidad.
Mientras los trabajadores y consumidores participamos con sacrificio y racionalidad del proyecto de construcción nacional, los viejos usurpadores y explotadores del trabajo y los recursos nacionales vuelven a las andadas desestabilizadoras y presiones golpistas.
Como en Venezuela, Ecuador y Bolivia los sectores aliados al capital multinacional pretenden reconstruir el sujeto de poder que sembró de dictaduras y políticas antipopulares la región latinoamericana, aliados a los grandes medios de comunicación pretenden presentarse como víctimas de los pueblos que ellos mismos siempre condenaron a la historia de miseria y dependencia.
El argumento vuelve a ser el ataque a sus derechos de apropiación de los recursos de la tierra, que en realidad son de las naciones y que deben brindar sus frutos en arreglo a las necesidades de los pueblos, a partir de un proyecto de soberanía nacional y justicia social. Como era de esperar frente al avance del proyecto popular nacional y latinoamericano se produce la reacción en la Argentina. Fracasada la estrategia de intervención norteamericana directa a través del ALCA y la política militar antiterrorista, las alianzas históricas reconstruyen el sujeto político económico conductor de las dictaduras abonando con desabastecimiento, propaganda de victimización de los ricos, discurso anti democrático contra la política, la sindicalización y la organización popular, promoción de la inseguridad y zozobra económica en las capas medias.
Frente al enemigo histórico que se reconstruye y ataca, el Movimiento de Unidad Popular sigue junto al gobierno de Cristina Fernandez en defensa de las políticas que avanzan en la democratización real de la sociedad, en la defensa de nuestros intereses nacionales y en la distribución efectiva de la riqueza.
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